La justicia federal ordenó rastrear si hubo llamadas telefónicas cruzadas entre Alberto Fernández y empresarios del seguro
La justicia federal analizará las comunicaciones del expresidente Alberto Fernández para determinar qué ...
La justicia federal analizará las comunicaciones del expresidente Alberto Fernández para determinar qué grado de responsabilidad tuvo en la supuesta estafa al Estado con contrataciones millonarias de aseguradoras por parte de distintas dependencias públicas durante su gobierno.
El juez federal Julián Ercolini ordenó esta mañana realizar un informe de entrecruzamientos de llamadas entre todos los imputados en la causa que investiga la trama de contrataciones, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION. En esta causa Ercolini ya pidió la inhibición de bienes de Alberto Fernández y los demás imputados.
Serán analizadas, según dispuso el magistrado, las comunicaciones del expresidente, así como también las de su histórica secretaria María Canteros y las de su amigo Héctor Martínez Sosa, pareja de Canteros y sospechado por los contratos que tuvo con el Estado. La medida alcanzará también a los exfuncionarios de Nación Seguros Alberto Pagliano, Mauro Tanos y Federico Eufemio, y a todos los empresarios del mundo del seguro que son investigados en este expediente, como Pablo Torres García, entre otros. Son al menos 40 las líneas telefónicas que las autoridades judiciales examinarán para determinar qué grado de intercambio tuvieron entre sí.
Según reconstruyó LA NACION, se les solicitó a las empresas telefónicas que informen sobre las comunicaciones de los abonados que están imputados en esta causa judicial, desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el día de ayer. Se incluye en pedido a las compañías telefónicas que informen sobre las llamadas entrantes y salientes de los abonados, así como también los mensajes de texto y el uso de datos móviles.
Además se le dio intervención a una división de la Policía Federal Argentina, que deberá peritar los teléfonos celulares secuestrados en los allanamientos. Esta medida implicará el análisis del material extraíble de los teléfonos celulares así como también de las computadoras y tablets o demás dispositivos que hayan sido secuestrados en los domicilios de los imputados y en las empresas allanadas.
Según un documento elaborado por la Sigen que tienen los funcionarios judiciales, Bachelier S.A -vinculada a Martínez Sosa-, Castello Mercuri SA, San Ignacio Sociedad de Productores y Torres García Brokers, fueron las empresas más beneficiadas por las contrataciones investigadas, y el monto de las comisiones asciende, al menos, a los $3453 millones, a valores nominales.