El gobierno logró media sanción de la ley de Sturzenegger que avala la venta de Arsat
El gobierno consiguió este miércoles 138 votos a favor para la media sanción de la ley Hojarasca en la Cámara de Diputados, una iniciativa de Federico Sturzenegger para barrer con la protecció...
El gobierno consiguió este miércoles 138 votos a favor para la media sanción de la ley Hojarasca en la Cámara de Diputados, una iniciativa de Federico Sturzenegger para barrer con la protección de distintos sectores de la industria argentina.
El articulado de la norma arrasa con regulaciones que el oficialismo considera obsoletas pero la oposición advierte que defienden intereses nacionales, como empresas que Javier Milei pretendía privatizar con la primera versión de la ley Omnibus, entre las cuales se contaban Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Arsat.
Martín Menem sometió el proyecto a votación a las 14:29 y logró el apoyo no sólo de la bancada libertaria, sino también del PRO, la UCR, los catamarqueños de Raúl Jalil, los tucumanos de Osvaldo Jaldo, los aliados del MID, los sanjuaninos de Marcelo Orrego y los salteños y los misioneros de Innovación Federal, que responden a Gustavo Sáenz y Carlos Rovira. Además, votaron por la afirmativa la santafecina Gisela Scaglia y la cordobesa Alejandra Torres, integrantes del interbloque de Provincias Unidas.
En ese armado, por lo demás, se abstuvo la mayoría. Entre los neutrales se ubicaron Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, legisladores de Martín Llaryora, el santafecino Pablo Farías, los radicales Martín Lousteau, Mariela Coletta y María Inés Zigarán, el lilito Maximiliano Ferraro y Nicolás Massot.
Los peronistas optaron por el rechazo, al igual que los cuatro diputados del FIT, más Mónica Frade, los cordobeses Luis Brugge y Natalia De la Sota, el puntano Jorge "Gato" Fernández. Sólo juntaron 96 voluntades, quedando 42 votos abajo del oficialismo.
El gobierno quiere eliminar la ley de Bienes Culturales para vender Arsat a capitales extranjeros
Durante su intervención, Brugge señaló que la tarea que quiso emprender el Ministerio de Modernización ya fue realizada en 1999 por el Estado nacional, luego de lanzar una licitación internacional que terminó ganando la UBA. Como saldo de aquella iniciativa, se realizó el Digesto Jurídico Normativo, algo que calificó como "un esfuerzo muy grande en Argentina".
En defensa del proyecto, opinó el fueguino Santiago Pauli, que sintetizó su postura en una metáfora que tomó prestada del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. "Vinimos a terminar con la inflación económica y vamos a terminar también con la inflación legislativa", dijo Pauli.
El peronista Germán Martínez admitió que había 13 normas cuya derogación su bloque compartía pero alertó que el resto "no es normativa en desuso ni la están derogando por casualidad".
Así como el tucumano Pablo Yedlin manifestó su preocupación por la eliminación de la ley 26688, la que declara el interés, el desarrollo y la producción pública de medicamentos, y la santacruceña Ana María Ianni aludió al riesgo que corre YCRT, Martínez mencionó que la ley Hojarasca amenaza la de Bienes Culturales, más conocida como "Ley Clarín".
Esa norma se sancionó por impulso de Eduardo Duhalde y Miguel Pichetto en 2003, por entonces presidente provisional y senador, respectivamente, y buscaba cuidar las empresas argentinas integradas por accionistas extranjeros que, frente a la fragilidad de los balances por el endeudamiento en dólares, podían terminar en manos foráneas. "Se había tomado como referencia lo que los Estados Unidos habían hecho con Inglaterra para que, en virtud de los tratados recíprocos de inversión, Inglaterra no se quede con los activos estadounidenses", explicó el jefe del bloque de UP.
Martínez alertó que "en el medio está Clarín" y que "la derogación de esta ley es un perjuicio para las empresas periodísticas". También avisó que el inciso B de la ley de Bienes Culturales protegía las empresas de ciencia y tecnología y el inciso C atendía las de defensa. "Ustedes quisieron poner a Arsat, Nucleoeléctrica Argentina, empresas de altísimo valor tecnológico, en la lista de empresas sujetas a privatización", y también enumeró Fabricaciones Militares y Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) para subrayar que el plan libertario "es liquidar empresas estratégicas, para la ciencia la tecnología y la defensa".
