El BID aprobó garantías por USD 200 millones para la obra clave contra los apagones
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó garantías por USD 200 millones para obras de transporte eléctrico, pero apenas USD 100 millones se destinarán a AMBA I, el proyecto que el s...
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó garantías por USD 200 millones para obras de transporte eléctrico, pero apenas USD 100 millones se destinarán a AMBA I, el proyecto que el sector energético reclama desde hace más de una década para evitar que el sistema eléctrico del área metropolitana siga funcionando al límite de su capacidad. Los otros USD 100 millones se destinarán al reforzamiento de los corredores eléctricos Puerto Madryn-Choele Choel y Choele Choel-Bahía Blanca. Se trata de inversiones necesarias, pero AMBA I ocupa un lugar central en las prioridades del sector.
Existe un amplio consenso entre especialistas, empresas y técnicos de distintas administraciones sobre la urgencia de una obra que lleva años postergada. AMBA I contempla la ampliación de la red de transporte de extra alta tensión que abastece al área metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra buena parte del consumo eléctrico del país. Su objetivo es reforzar la capacidad de abastecimiento, aliviar las restricciones de la red y mejorar la seguridad del suministro. No es una obra nueva en los planes oficiales, sino un proyecto que atravesó sucesivos gobiernos sin conseguir concretarse.
La necesidad de reforzar el transporte eléctrico del AMBA se arrastra desde hace más de una década. Durante ese período, el crecimiento de la demanda y la falta de ampliaciones estructurales fueron reduciendo los márgenes de operación. Por eso, AMBA I sobrevivió a los cambios de gobierno como una de las pocas prioridades que prácticamente nadie discute dentro del sector.
Se demoran las garantías del BID para la mega obra eléctrica que busca terminar con los apagones
Sin embargo, el respaldo del BID está lejos de resolver el principal obstáculo. Los USD 100 millones asignados al proyecto no son fondos que se desembolsarán para construir la obra, cuyo costo ronda los USD 800 millones. Son garantías destinadas a respaldar las obligaciones de pago y reducir los riesgos de quienes aporten el financiamiento. El organismo mejora las condiciones para conseguir el dinero, pero no pone directamente los dólares para la construcción.
La magnitud del respaldo también es acotada. Según las estimaciones del asesor de la Secretaría de Energía Rogelio Barachart, cuando todos los tramos estén habilitados, el concesionario podría cobrar entre USD 17 y 20 millones mensuales. De esta manera, la garantía alcanzaría para cubrir apenas cinco o seis meses de pagos, frente a compromisos que se extenderán durante años.
Para achicar las necesidades iniciales de capital, Cammesa contempla aportes por aproximadamente USD 110 millones entre anticipos y equipamiento. El anticipo financiero, de hasta USD 55 millones, permitirá movilizar equipos, realizar los primeros estudios y poner en marcha los trabajos. No representa una reducción automática del costo total, sino un mecanismo para facilitar el arranque de la construcción.
La ingeniería financiera busca que el concesionario no tenga que conseguir desde el primer día los USD 800 millones. A medida que se habiliten los primeros tramos de la obra, comenzará a cobrar los pagos correspondientes. Esos ingresos permitirán financiar parte de las siguientes etapas y reducir la necesidad de capital propio.
El mecanismo resulta importante porque AMBA I tiene un plazo de ejecución previsto de unos 50 meses. Pero eso no significa que la empresa deba esperar más de cuatro años para recuperar sus primeros desembolsos. La construcción contempla habilitaciones parciales que permitirán activar ingresos antes de que el proyecto esté completamente terminado.
El presdiente del BID, Ilan Golfjan.
De todos modos, entre el inicio de los trabajos y los primeros cobros transcurrirán varios meses. Durante ese período, la concesionaria deberá conseguir financiamiento bancario o aportar recursos propios. Ese dinero tendrá un costo financiero que se sumará a la ecuación económica de la obra.
Otro componente relevante es el transformador que aportará Cammesa y entregará para su utilización en la concesión. Ese equipamiento reduce las necesidades de inversión del adjudicatario, pero no pasa a ser de su propiedad. La infraestructura seguirá bajo el régimen de concesión previsto para el proyecto.
Por eso, la cuenta no consiste simplemente en restar los USD 100 millones del BID al presupuesto de USD 800 millones. Las garantías no reducen el costo de construcción. Los anticipos y el equipamiento de Cammesa alivian las necesidades de financiamiento, pero el grueso de la inversión seguirá dependiendo de la capacidad de los privados para conseguir crédito en un contexto global de tasas de interés altísimas.
A las dudas financieras se suma una definición técnica pendiente: la construcción de la línea de alta tensión Vivoratá-Plomer, que formaba parte del diseño original de AMBA I, pero quedó fuera de la licitación actual. El proyecto contempla la nueva estación transformadora Plomer, aunque no incluye la conexión de 500 kV que debería vincularla con Vivoratá, en la zona de Mar del Plata.
La cuestión no es menor. Esa conexión permitiría transportar hacia el área metropolitana una mayor cantidad de energía proveniente del sur del país, especialmente de la Patagonia y de la región de Bahía Blanca. Sin ese vínculo, la nueva estación Plomer podrá reforzar la red y mejorar la seguridad del abastecimiento, pero no aprovechará plenamente su capacidad para recibir energía desde el sur.
El asesor de la Secretaría de Energía Rogelio Barachart sostuvo que existe la intención de incorporar esa línea de alguna manera, aunque todavía no precisó bajo qué mecanismo ni con qué financiamiento. Así, el Gobierno avanza con una obra indispensable, pero deja pendiente una conexión clave para aprovechar todo su potencial.
En el sector advierten que las indefiniciones técnicas y financieras complican la evaluación económica de los interesados. Las empresas necesitan conocer con precisión qué equipamiento recibirán, cuáles serán sus obligaciones, cómo se distribuirán los riesgos y en qué condiciones podrán recuperar el capital invertido.
La aprobación del BID representa un avance, pero no garantiza la ejecución de AMBA I. El Gobierno consiguió un respaldo para salir a buscar los dólares, aunque todavía falta conseguir buena parte del financiamiento y terminar de definir aspectos centrales de la concesión.
Después de más de una década de postergaciones, la obra que todo el sector considera indispensable sigue dependiendo de una ingeniería financiera que todavía no termina de cerrar. El riesgo es que una vez más el consenso sobre la necesidad de construir AMBA I resulte mucho más sólido que poner los recursos para concretarla.