La Procuración General de la Corte Suprema tiene conocimiento de que en los juzgados federales de Rosario hay más de ocho mil causas penales acumuladas en los últimos años que no tuvieron ningún trámite. Esto quiere decir que se formalizaron a partir de denuncias pero quedaron paralizadas sin que les hayan dado impulso para investigar los delitos que referían y el mérito de sus autores presuntos.

Esta avalancha de casos congelados o cajoneados ingresaron en los últimos años de manera mayoritaria en los juzgados federales de primera instancia de Rosario que eran los lugares donde se iniciaban las investigaciones. Pero recién ahora las fiscalías federales son informadas de su existencia.

Los motivos por los que esas causas quedaron muertas hasta la fecha, lo que puede implicar ilícitos que por esa razón se mantienen en la impunidad, no están explicados. Todo se conoció a partir de que los fiscales del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Rosario notaron que desde los juzgados, en especial el 3 y el 4 de Rosario, les delegaron recientemente causas hasta seis años después de denunciadas. Algo que los fiscales rechazaron por comprensibles razones: aceptarlas significaba validar una demora que, a tanto tiempo transcurrido, reducía o anulaba la posibilidad de investigaciones eficaces.

Esto se revela en una jurisdicción donde hubo expedientes que se dejaban prescribir en situaciones que favorecían a los denunciados. Ha sido muy habitual en delitos tributarios donde se prescribieron causas por falta de impulso a personas de capacidad económica. Y también omisiones de investigación que favorecieron temporalmente el desarrollo de negocios de narcotraficantes.

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La Procuración de la Corte Suprema solicitó el inicio de una auditoría para que se determine cuántas son exactamente las causas que no tuvieron empuje y qué circunstancia lo explica. La superintendencia sobre la actividad de los juzgados de primera instancia la tiene la Cámara Federal de Rosario.

Desde la Cámara Federal de Rosario indicaron a LPO que está el proceso en marcha para el inicio de una auditoría que este martes se resolverá con una acordada de sus miembros. También señalaron que por estas omisiones en análisis los responsables son los secretarios de los juzgados que tienen el control de las estadísticas.

"Acá lo que se ha observado es que los secretarios tenían expedientes, o bien que tenían la denuncia y no habían hecho el primer decreto de inicio, o bien que estaba hecho el primer decreto de inicio allá por el año 2020, pero no se habían notificado las partes. Entonces, de la Superintendencia de la Cámara Federal les pedimos a los secretarios las estadísticas, les informamos que corría una acordada vieja de la de la Corte Suprema y que se iban a determinar medidas para ver a dónde radicaba esa diferencia entre las estadísticas de la fiscalía con la de los juzgados", precisó una fuente de la Cámara. "Tras el planteo de la Fiscalía hemos notado la disparidad e informamos a las secretarías de los juzgados el pasado 13 de agosto", redondeó.

En la Procuración le indicaron a LPO que su cuerpo de fiscales no se va a hacer cargo de expedientes que desconocían totalmente y que llegan con demoras de años. Señalan que adoptarán un temperamento expectante hasta que haya una cifra fundada en una auditoría que proporcione una explicación de lo ocurrido. Pero que se le dará intervención ni bien llegue el oficio explicativo al Poder Judicial.

Esto se revela en una jurisdicción donde hubo expedientes que se dejaban prescribir en situaciones que favorecían a los denunciados. Ha sido muy habitual en delitos tributarios donde se prescribieron causas por falta de impulso a personas de capacidad económica. Y también omisiones de investigación que favorecieron temporalmente el desarrollo de negocios de narcotraficantes

"Hay proveídos que llegaron en las últimas semanas con cinco o seis años de demora y que jamás pasaron por las fiscalías", indicó a este medio un funcionario del área. Cuando llegue ese oficio en la Procuración se evaluará el curso de acción que, de ser grave, implicará denuncias ante la Cámara Federal de Casación, la Corte Suprema de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Desde mayo de 2024 en la jurisdicción de Rosario rige en la Justicia Federal el sistema acusatorio que prevé el enjuiciamiento penal de principio a fin en audiencias orales y públicas. El abrupto desfasaje entre las causas ingresadas a los juzgados y las registradas efectivamente ante los fiscales se advirtió a partir del seguimiento de los legajos del viejo sistema de juicio escrito que están en transición.

Al iniciarse el nuevo modelo en el MPF de Rosario supieron que quedarían en transición del viejo sistema unas 1.100 causas. Pero hace una semana abrieron los ojos cuando advirtieron les corrían vista -les habían mandaban-unos 360 expedientes adicionales previos a mayo de 2024. Se podía esperar que unas pocas causas quedaran por algún momento extraviadas por motivos a especificar pero no una cantidad en aluvión, y todas aparecidas de manera súbita cuando ya hace más de dos años que rige el Código Procesal Federal del nuevo modelo. Además por hechos que en algunos casos habían sido denunciados hasta en 2020.

El juez Bailaque

Pero el número era mucho mayor a 360. Ahora se estima preliminarmente en ocho mil causas que quedaron en un agujero negro. ¿Cómo pudo ser que no se les haya dado trámite? Un funcionario nacional le dice a LPO que no se puede presumir que haya existido una voluntad de impulsar su cajoneo. Pero que se tendrá que poner bajo la lupa de una auditoría el detalle el contenido de los hechos.

Eso tiene sentido en una jurisdicción donde han sido públicos casos con ejemplos de una colusión entre funcionarios judiciales y empresarios en los casos penales económicos, con expedientes por delitos tributarios que quedaban sin persecución. Actualmente tramita una causa contra el ex juez federal Marcelo Bailaque. Quien compró un terreno en un barrio privado de Rosario a bajo precio a una empresa constructora que tenía una denuncia por evasión a su en su mismo juzgado, y que luego ordenó el cierre por prescripción de esa causa. 

Bailaque le pagó en su despacho 35 mil dólares a un empresario que tenía que investigar

Lo que se intentará esclarecer según fuentes de la Procuración es el desfase de miles de causas donde posiblemente también haya situaciones inmotivadas que supongan duplicaciones de causas y trámites no judicializados por errores burocráticos.

"Pero no son pocas causas, son varios miles. Y no nos vamos a hacer cargo de expedientes que desconocíamos totalmente, con años de demora", le indicaron a LPO. La preocupación tiene razones implacables en un ámbito donde hay causas penales en curso por ejemplo contra el ex juez federal Marcelo Bailaque por omitir investigar al narcotraficante Esteban Alvarado o por maniobras incompatibles con empresarios a los que presuntamente favoreció o están coimputados con él por delitos.

Lo extemporáneo del envío de esas causas ahora, lo que lo hace anormal, es que en los juzgados desde hace 28 meses no hay ingresos de denuncias. El problema se concentra en los dos juzgados de Rosario porque los desfasajes de causas en otras jurisdicciones, como San Nicolás, son menores. Y se ciñen según indican fuentes en la Procuración a expedientes específicos, como los de tiempos de la pandemia de Covid.

Según precisaron a LPO, el único desfasaje abrupto se produce en Rosario. En jurisdicciones como San Nicolás, Rafaela, Reconquista, Santa Fe y Venado Tuerto las cifras de las causas en los viejos juzgados de primera instancia y las fiscalías son a grandes rasgos coincidentes.

Fuente: https://www.lapoliticaonline.com/santa-fe/detectan-ocho-mil-causas-penales-paralizadas-en-los-juzgados-federales-de-rosario/